Como profesionales de la Salud Mental, en representación de la Asociación de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia de Córdoba, integrada por especialistas y profesiones afines dedicados a la atención clínica e institucional de la niñez y adolescencia, expresamos nuestro firme rechazo al Proyecto de Ley que propone la baja de la edad de imputabilidad penal. Desde agosto de 2024 venimos proponiendo y considerando que esta iniciativa pretende dar una respuesta simplista a la inseguridad, eludiendo la complejidad de las causas que sostienen la delincuencia juvenil en nuestro país. Sostenemos esta postura en función de los siguientes ítems:

1. El Desarrollo Madurativo como Límite Infranqueable

Queremos alertar y llamar a la reflexión sobre el riesgo que implica responder a las dificultades de los menores con medidas punitivas. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad implica un desconocimiento científico del desarrollo de la conciencia moral, la maduración de las funciones psíquicas superiores y el desarrollo socio afectivo en este grupo etario.

Desde la perspectiva neurobiológica y psiquiátrica, el cerebro adolescente se encuentra en un proceso crítico de remodelación. Penalizar como adultos a quienes aún no han completado su madurez estructural y funcional es, para nosotros, repetir un modelo social de desatención y exclusión en una población ya sistemáticamente vulnerada.

2. La Falacia de la Punición sin Rehabilitación

La inviabilidad del sistema de rehabilitación actual: Advertimos con contundencia que, mientras el Estado no garantice un sistema de rehabilitación real, especializado y eficiente, no existen condiciones éticas ni técnicas para discutir la baja de la edad de imputabilidad. Sin dispositivos que aseguren una transformación subjetiva y una reinserción social efectiva, la baja de la edad de imputabilidad no es una medida de seguridad, sino una condena al perfeccionamiento delictivo. Encerrar sin rehabilitar solo profundiza el ciclo de violencia que se pretende combatir.

3. Delincuencia como Síntoma de la Fragilidad Social

El análisis no debe centrarse en medidas represoras para los menores que reinciden, sino en la modificación profunda de las situaciones generadoras de esas conductas. Enfatizamos la necesidad de un viraje hacia la Prevención y el Cuidado:

• Vulneración Multidimensional: Los menores que delinquen suelen provenir de entornos maltratadores donde las familias no satisfacen necesidades básicas afectivas, morales ni de seguridad física.
• Violencia Sistémica: Estas familias sufren, a su vez, el maltrato de un sistema que les niega el acceso a un trabajo digno, educación y salud integral.
• Contexto Cultural: Los sectores de poder, a través de medios y redes, estimulan el individualismo agresivo y la satisfacción instantánea, exponiendo a la infancia a flagelos como las adicciones, la ludopatía infantil y el abuso.

4. Responsabilidad Estatal y Deuda Social

Cuando las familias no pueden cumplir sus funciones protectoras, el Estado debe intervenir. Sin embargo, observamos que las instituciones responsables adolecen de las mismas carencias que la población general. Si el sistema no ofrece respuestas a los problemas ciudadanos comunes… ¿qué nos hace suponer que las habrá para menores privados de su libertad?

La respuesta adecuada debe contemplar las necesidades primordiales del desarrollo humano: Cuidado, Educación, Trabajo y Salud. En el campo de la violencia, es imperioso promover acciones para prevenir, asistir y rehabilitar a todos los implicados.

Conclusión: No reconocer esta realidad y responder exclusivamente con la baja de la edad de imputabilidad es, en sí mismo, un acto de maltrato social. Se opone a los ideales de solidaridad y asistencia que permiten el avance humano.

Exhortamos a los legisladores y a la sociedad civil a buscar soluciones que no sacrifiquen el futuro de nuestras infancias en el altar de una política expulsiva y punitiva.

Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia de Córdoba.